¿Cuándo deja la Justicia de ser Justicia?

La Justicia no es solo un conjunto de leyes y tribunales; es, en esencia, la columna vertebral de nuestra democracia. Su autoridad no emana del poder, sino de algo mucho más frágil y necesario: nuestra confianza. Esa seguridad íntima de que, al entrar en un juzgado, quienes nos escuchan lo hacen guiados exclusivamente por la razón jurídica, la imparcialidad y el respeto absoluto a la ley.

Sin embargo, cuando esa confianza se quiebra, el daño es profundo. Cuando una resolución judicial nos hace sospechar que el dictamen no nace de un código, sino de una ideología, de una afinidad política o de un clima de crispación, la institución entera se resquebraja.

España atraviesa momentos de verdadero desconcierto. Ya vimos señales alarmantes hace unos meses con el caso del ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Entonces advertimos con preocupación que algunos jueces parecían dispuestos a “quemar las naves”, sacrificando la credibilidad y la templanza del sistema para lanzarse a una batalla política que nunca debería librarse desde los tribunales.

Hoy, la inquietud se ha convertido en estupor. Las medidas adoptadas por magistrados de la Audiencia Nacional contra doña Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han generado una honda preocupación. Numerosos juristas, analistas y medios internacionales han calificado estas decisiones como desproporcionadas, despertando dudas sobre su rigor técnico. No es una cuestión de simpatías políticas, sino de estándares profesionales: cuando una decisión judicial provoca vergüenza entre expertos y desconcierto entre los ciudadanos, es que algo fundamental está fallando.

Más allá del debate sobre si existe o no lawfare, lo cierto es que la mera apariencia de parcialidad es corrosiva. En democracia, las formas importan tanto como el fondo. Existe hoy la inquietud de si algunos magistrados han hecho suya la consigna de «el que pueda hacer, que haga», interpretándola como un llamamiento a utilizar cualquier herramienta para forzar el cambio político que no se ha logrado en las urnas.

Si esta sospecha tiene fundamento, estaríamos ante un escenario de una gravedad extrema. Si no lo tiene, es el propio comportamiento de estos magistrados el que, lamentablemente, alimenta la percepción de que la Justicia se ha convertido en un campo de batalla partidista.

Un juez que actúa movido por sus convicciones personales o por una militancia política deja de ser juez para convertirse en actor. Y cuando la toga se utiliza como arma arrojadiza, la democracia entera pierde su norte.

España necesita recuperar la serenidad. Reclamamos una Justicia que no se deje arrastrar por la polarización, una institución que no busque intervenir en la lucha partidista, sino que se limite a garantizar derechos y equilibrios. Una Justicia que recuerde que su misión no es “hacer” política, sino asegurar que, ante la ley, todos —gobernantes y ciudadanos— estemos protegidos por el mismo rigor.

Es hora de alzar la voz. No por una sigla, sino por el respeto que le debemos a nuestras instituciones y por la salud de nuestra convivencia. Defender esta Justicia es, en última instancia, la única manera de defender nuestra libertad.

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Artículo escrito por Anacleto Bokesa y María Luisa Mowah